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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TÉCNICOS DE ENFERMERÍA, SANITARIOS Y SOCIOSANITARIOS
EL DEFENSOR DEL PACIENTE

COMUNICADO /NOTA DE PRENSA

AETESYS y la defensora del paciente Carmen Flores, ponen en manos de la Fiscalía General del Estado la situación insostenible que vienen sufriendo los Técnicos Sanitarios que afecta y vulnera gravemente el derecho de los pacientes, dando traslado a todas las comisiones de sanidad y grupos parlamentarios, puesto que cada día que pasa afecta gravemente tanto a la atención sanitaria que reciben los pacientes como al desarrollo de los procedimientos por parte de los profesionales.

Llevamos años denunciando y reivindicando cuestiones profesionales que atañan y vulneran directamente al colectivo de profesionales al que represento como presidenta de AETESYS, a los pacientes y sus derechos, todo ello quedando en la desidia burócrata de las administraciones, sin avance ni solución. La crisis sanitaria de la COVID ha puesto de manifiesto todas esas deficiencias magnificando las consecuencias en verdaderos escenarios dantescos y de sufrimiento para los profesionales técnicos sanitarios y pacientes.

HECHOS QUE DENUNCIAMOS: y deben ser investigados:

Se está vulnerando el derecho del paciente que recoge la: Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La ley Básica de Autonomía del Paciente define la historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.

Al no existir un registro fidedigno de la atención que se le presta al paciente en su historia clínica (HC) reflejando la praxis que se le efectúa y el profesional que se la realiza.

Así las cosas nos encontramos que los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, sujetos a un estatuto de 1973 del sistema púbico de salud, basado en unas funciones anticuadas tanto en lo que respecta al desarrollo de las nuevas tecnologías y la evolución de la enfermería y medicina, como en su propia evolución académica, cualificación y competencias profesionales que les confiere su actual titulación y que ampara la LOPS vienen realizando funciones más adaptadas a la trasformación asistencial de nuestra sanidad que no pueden reflejar en la HC ni en los registros de enfermería en su totalidad puesto que el propio estatuto anterior a la democracia no lo recoge y todo ello disfrazado en la formula de “trabajo delegado” nosotros consideramos que la “delegación” es un término administrativo NO transcribible al ámbito sanitario y en todo caso a situaciones de urgencia o necesidad apremiante, que no es el caso porque si una praxis la realiza un profesional en un 70-80-90 o 100 por 100 más bien sería competencia propia o compartida en todo caso, con derecho a ser registrada y firmada por el profesional que la imparte. Esto genera un vacío en la HC y una dilución del sentido de la responsabilidad profesional que sólo genera perjuicio y obstáculo a la cultura de las buenas praxis en la atención sanitaria y sociosanitaria que deja desprotegidos a lo profesionales que no pueden registrar su actividad quedando indefensos ante una situación de denuncia y al paciente que se le priva del derecho a que conste en su HC la praxis y el profesional en previsión de posibles depuraciones de responsabilidades.

Por otro lado, nos encontramos en muchas CA, ambulancias asistenciales tipo B (SVB) por ejemplo en Madrid en la concesionaria Ferrovial, que los Técnicos en Emergencias Sanirarias (profesionales del ámbito sanitario titulados y recogidos también en la LOPS) no disponen de parte asistencial, en muchos casos sólo llevan una hoja de traslado tipo a la de empresas de mensajería y paquetería para contabilizar avisos y distancias, con lo que toda la asistencia sanitaria de carácter extrahospitalaria prestada que puede modificar sustancialmente la situación clínica del paciente desde su atención en situ, en ruta o a la llegada al centro de referencia queda en un vacío tanto para auditar la actividad del profesional como para el interés en la evolución y situación clínica del paciente tanto ante una posible negligencia o el propio interés clínico de su proceso.

Para más espanto de lo que nos está tocado vivir como profesionales, se están utilizando ambulancias tipo A (NO ASISTENCIALES) para hacer urgencias o traslados muy comprometidos y en un porcentaje altísimo con un solo TES , esto significa que se está incumpliendo la ley y que se mueren pacientes solos en la camilla de la ambulancia mayormente institucionalizados, o que no se les está prestando atención sanitaria en ruta, y aunque como profesionales nos estamos revelando, las empresas y la administración mira hacia otro lado porque unos no podrían cumplir lo pactado en las licitaciones y otros tendrían que ponderar más la parte
técnica sobre la económica en la subasta y a todos les costaría más dinero, mientras profesionales y pacientes en la cuerda floja. Esto supone un conflicto muy grande a los profesionales que se enfrentan al sentimiento de culpa en la reflexión de qué habría pasado si hubiesen ido 2 TES y en una dotación adecuada de SVB como marca la ley ¿se podría haber evitado quizás un ictus con secuela o una parada cardio respiratoria en ruta sin atención etc.? Otro error de ahorro mal entendido que baja la calidad asistencial que están pagando las personas mayores institucionalizadas y los profesionales que están al borde del colapso es la contratación de personal lego no titulado en unas u otras formas legales como categorías recogidas en convenio para hacer funciones de titulados, en las residencias públicas donde se marca el requisito de ser titulado como Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería para la asistencia a usuarios de residencias de mayores, con la excusa de la crisis COVID y la falta de personal se ha abierto la veda y las contrataciones en verano ya son en esas circunstancias, de esta manera nos encontramos personas contratadas que no conocen ningún aspecto sanitario ni sociosanitario tan básico como la movilización o el cambio del pañal, mucho menos de
cuestiones de epidemiología o atención a usuarios con patologías o grandes dependientes, causando grave ansiedad a los compañeros que no pueden controlar sus acciones y a los usuarios que están recibiendo una atención sin ninguna garantía que incluso pueda desembocar en un daño involuntario a los usuarios.

Pensamos que todo lo expuesto debe ser investigado y corregido porque no se puede mirar a otro lado cuando se está perjudicando a un estamento de profesionales (Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnicos en Emergencias Sanitarias y a los pacientes y usuarios privándoles a ambos de derechos legítimos y en además faltando a las leyes y a la ética)

Fundamentos sobre derecho vulnerado:
La Ley general de Sanidad, da respuesta al primer requerimiento constitucional, reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos Y los residentes en España. La ley 16/2003 de 28 de mayo de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud establece acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones Públicas sanitarias estatales y autonómicas como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud y el acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de igualdad efectiva en todo el territorio español. En resumen, que la atención al ciudadano
responda a unas garantías básicas y comunes, independientemente del territorio español donde se encuentre o resida, sea público o subcontratado.

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. La ley Básica de Autonomía del Paciente define la historia clínica como el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial.
Por otro lado La ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las profesiones sanitarias que tiene por finalidad dotar al Sistema Sanitario de un marco legal que haga posible la mayor integración de los profesionales en el servicio sanitario, en lo preventivo y en lo asistencial, tanto en su vertiente pública como en la privada y regula a los profesionales del área sanitaria de formación profesional acorde a su titulación, su nivel formativo y las normas reguladoras de la formación

El Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, por el que se establecen las características técnicas, el equipamiento sanitario y la dotación de personal de los vehículos de transporte sanitario por carretera, en su artículo 2. Clasifica los vehículos asistenciales en:

2.1 Ambulancias de clase B, destinadas a proporcionar soporte vital básico y atención sanitaria inicial.
2.2 Ambulancias de clase C, destinadas a proporcionar soporte vital avanzado.

Y los RD que establecen la titulación de los técnicos medios sanitarios que establecen sus competencias, cualificación como base académica para su desarrollo profesional.

Esto es ATENCIÓN SANITARIA, un servicio esencial a la comunidad como ha quedado meridianamente demostrado en la crisis sanitaria de COVID.

Es URGENTE que la administración pública deje de mirar a otro lado y los garantes de los derechos de la sociedad en su conjunto nos protejan.

Madrid a 10 de agosto del 2020

Elvira González Santos – Presidenta de AETESYS

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